“Alarcó defiende la colegiación obligatoria de todas las profesiones tituladas, pero no lo garantiza en la ley”

El senador afirma que el Gobierno ha retrasado la aprobación de la futura ley de Colegios por el rechazo encontrado, pero lo hará en 2014.

Santa Cruz de Tenerife,  20 de marzo de 2014.  El portavoz de la Comisión de Economía y Competencia del Senado, Antonio Alarcó, defendió ayer en una conferencia sobre el anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales en la capital tinerfeña que la colegiación es garantía de calidad, “sobre todo para los ciudadanos”, por lo que se mostró partidario de que sea obligatoria para todas las profesiones tituladas. Pero no garantizó que así lo recoja la futura normativa, “sujeta a la regulación que exija Europa”.

Invitado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife y la Unión Profesional de Canarias, Alarcó intervino ayer ante un foro de profesionales colegiados de diversos ámbitos, que le trasladaron el malestar e inquietud que ha generado el citado anteproyecto de ley, al considerarlo un ataque al sistema de colegios que distingue el trabajo con calidad y garantías de los profesionales en España.

El senador tinerfeño explicó que el Gobierno ha paralizado la aprobación de la normativa, prevista para diciembre pasado, ante el rechazo que ha generado el texto en los colegios profesionales, y que sigue reteniendo esta aprobación con la intención  de “buscar el consenso para sacar una ley buena”. Eso sí, avanzó que la intención del Ejecutivo es aprobar la ley antes de que acabe este año.

Durante su intervención, Alarcó planeó una y otra vez sobre la idea de que la normativa que se apruebe finalmente será muy distinta a la propuesta inicial, ya que, insistió en que es un texto al que le queda aún mucho recorrido, va a tener que recoger el dictamen del Consejo de Estado y también las alegaciones de los colegios, según dijo. El senador recordó que sigue siendo a día de hoy un anteproyecto, y que aún le queda “una larga tramitación” y su paso por el Congreso.  No obstante, admitió que esta es una ley que va en el paquete de exigencias de reforma que ha hecho Europa a España, por lo que “va a tener que tener en cuenta la regulación que exige la Comisión Europea”. Esa regulación, aclaró en otro momento, debe asegurar la libre circulación de los profesionales en Europa como un espacio único.

Defendió también que la Comisión del Senado, de la que es portavoz, se ha reunido con todos los colegios profesionales y ha estudiado los informes de las distintas comunidades autónomas, entre ellos el del Gobierno de Canarias. Y aseguró que desde el Senado se hacen recomendaciones al Gobierno, como la colegiación obligatoria de los ingenieros industriales, según citó. Aunque no se pronunció sobre otros.

Previamente a la intervención de Antonio Alarcó, el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales, Juan Linares, “y en nombre de los más de 16.000 profesionales que representa la Unión Profesional de Canarias”, hizo una exposición contundente y pormenorizada sobre el “ataque” que supone el anteproyecto de ley al sistema colegial.

Linares criticó los argumentos economicistas en que se basa la normativa y subrayó como “intolerable” que considere que los colegios profesionales son potenciales nichos de corrupción, al  permitir la intervención del Gobierno en determinados supuestos.

Por otra parte, rechazó el argumento de que “Europa obliga”,  porque “Europa sólo puede recomendar”, y defendió la colegiación obligatoria de las profesiones distintas de la sanidad y la justicia, los dos únicos sectores que garantiza el anteproyecto de ley, porque la vivienda y las infraestructuras básicas((la obra pública) también tienen que ver con la salud y la seguridad de los ciudadanos y forman parte de los cuatro pilares que cualquier Estado regula como políticas básicas: “¿por qué un médico de empresa sí debe estar colegiado y un ingeniero de refinería, planta térmica o eléctrica, no?”.

Según resumió Linares,  el anteproyecto de ley “pretende la libre competencia sin más”, lo que conlleva graves perjuicios para los ciudadanos y para los profesionales. Mientras que la competencia  que esgrime el legislador como objetivo, no se justifica en ningún caso ante la realidad en España, y mucho más en época de crisis, en que la precariedad, por ejemplo, en el colectivo de arquitectos, es superior al 70%, destacó.

Los colegiados asistentes también plantearon algunas cuestiones al senador, quien se comprometió a darles traslado, así como a una mayor transparencia sobre los contenidos de la futura ley, tras admitir  “fallos de comunicación”.