El inicio de la pasada semana comenzó con la sorpresa del Parlamento Europeo (PE). Martin Schulz, su presidente, suspendió para el día 10 la votación que debía tener lugar en relación a al documento de recomendaciones sobre el TTIP que realizaron los eurodiputados a la Comisión Europea. Dicho informe que tuvo el visto bueno el 28 de mayo por la comisión de Comercio del PE, finalmente no pasó su ratificación final debido a que el número de enmiendas recibidas sobrepasó las 200, emitidas desde distintos grupos parlamentarios. Fue ante esta avalancha, cuando Schulz, convino paralizar el documento y abrir de nuevo un proceso de reelaboración con el de fin de alcanzar un mayor consenso de la Eurocámara. Un anuncio que causó revuelo en los distintos grupos políticos de la izquierda (los Verdes, la Izquierda europea y parte del grupo socialista) cuyas críticas al texto se centraron en la fórmula de introducción del mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) o la potestad regulatoria que mantendrían los países de la UE. Mientras, la votación del PE se retrasará hasta el mes de noviembre sin una fecha clara aún anunciada.

No obstante, la división parlamentaria es patente. Como ejemplo, recientemente, la eurodiputada socialista Rodríguez-Piñero junto con otros compañeros del partido apuntaban que «se trata de influir para conseguir un buen acuerdo que recoja los principios y valores que los socialistas queremos que sirvan de referencia en el comercio internacional. Defender el ‘no’ sin proponer alternativas es renunciar a la oportunidad de avanzar». Por su parte, la eurodiputada por Podemos, Lola Sánchez, resaltaba «la poca confluencia que hay respecto al TTIP y lo enfrentadas que están las posturas». Entre ellas, el ISDS y describe que «cuando una corporación financiera considere que una ley nacional, autonómica o local le impide obtener los beneficios que esperaban podrá demanda a ese Estado» y discernir a través de un tribunal externo si ese país tendrá que indemnizar a la corporación con dinero público.

García-Legaz aboga por el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales

Asimismo, el jueves 11, comparecía en la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso, Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio, para informar y abordar la evolución en torno al TTIP. Entre los numerosos temas tratados, en el ámbito de las profesiones, Legaz destacó el asunto de la movilidad al comunicar que se progresa por dos vías. En la primera, señaló la necesidad del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Así, sostuvo que «de nada serviría obtener compromisos de los EE.UU. en un determinado sector si nuestros profesionales no pueden desplazarse para prestar este servicio porque no se le reconoce su titulación». Y subrayó que se pretende avanzar «en el reconocimiento de los títulos de los arquitectos y los ingenieros».

En cuanto a la segunda vía, hizo referencia a los problemas de acceso restringido y de visado existentes en la actualidad cuando los profesionales se tienen que desplazar a territorio estadounidense a ejercer. De manera singular, anunció que «España ha presentado una propuesta para facilitar la movilidad del personal cualificado que las empresas necesitan para operar». Concretamente, indicó que se ha demandado una cuota anual separada para visados E3 referidos a ‘profesionales altamente cualificados’ como el que obtuvo Australia en un acuerdo similar con los EE.UU. En esta línea, incidió en que se trata de una solicitud trasladada por un gran número de empresas de servicios, «particularmente de la ingeniería, por las dificultades que tienen para trasladar a su personal a las filiales que abren en los EE.UU».

Ya en otras cuestiones de interés, reiteró la preservación de los servicios públicos por parte de los Estados al desechar las informaciones y temores sobre su posible liberalización, los cuales calificó de totalmente infundados. En cuanto al mecanismo de protección a inversores, es decir, el denominado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) apuntó que «la cuestión no es excluir el ISDS» sino atender a las disposiciones reformadas que puedan ser introducidas dentro de la negociación. Igualmente, en materia laboral expuso que el objetivo de la Comisión Europea es que ambas regiones respeten las convenciones fundamentales recogidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y así no se puedan rebajar las condiciones laborales.

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Fuente: Unión Profesional
Fecha: 15 junio 2015