Los colegios profesionales alertan de la “manifiesta inseguridad” que genera para usuarios y consumidores gallegos la futura ley industrial de Galicia

Santiago de Compostela, 8 de septiembre de 2011.- Unión Profesional de Galicia alerta de la “manifiesta inseguridad” que generará para la población gallega la entrada en vigor de la futura Ley Reguladora de la Política Industrial de Galicia, que en su disposición final modifica la Ley de Seguridad Industrial Autonómica. Unión Profesional de Galicia, que representa a más de 40 colegios profesionales de la comunidad autónoma y a 50.000 profesionales, destaca que el texto de la nueva normativa, de ser aprobado por el Parlamento de Galicia tal y como figura en el anteproyecto de ley, implicará la “liberalización salvaje” de una serie de servicios que hoy requieren controles que garantizan la seguridad y profesionalidad de quien realiza los proyectos. Cualquiera, sin aportar una serie de requisitos sobre su profesionalidad y responsabilidad, podrá, por ejemplo, poner en marcha instalaciones eléctricas de alta tensión.

Unión Profesional de Galicia está alerta. A finales de agosto conoció el texto del anteproyecto de la Ley Reguladora de la Política Industrial de Galicia, que tramitará el Parlamento gallego y que podría ser aprobado en los próximos meses. Echa en falta que la Consellería de Economía e Industria, que impulsa los cambios, no haya contado con la opinión de quien representa a los profesionales que ejercen en la comunidad gallega.

“Queremos ser consultados, queremos que se tengan en cuenta nuestras valoraciones”, argumenta el presidente de Unión Profesional de Galicia, José Mª Arrojo Fernández, quien está seguro de que los colegios profesionales gallegos, como corporaciones de derecho público, “pueden hacer aportaciones que enriquezcan la futura ley, que protejan a la población gallega y que salvaguarden los intereses de miles de profesionales y empresas de Galicia”. José María Arrojo aclara que entre los colegios profesionales gallegos “existe malestar por no ser consultados en la tramitación de una ley que repercute directamente en los profesionales colegiados”.

Pero ¿dónde está el quiz de la cuestión? Unión Profesional de Galicia, en general, no pone reparos a la esencia de lo que será la Ley Reguladora de la Política Industrial de Galicia. Los colegios profesionales gallegos, en cambio, sí plantean objeciones a los cambios en la Ley de Seguridad Industrial de Galicia, generados a raíz de la futura entrada en vigor de la nueva ley. “El nuevo escenario genera incertidumbre y siembra la alarma entre los profesionales gallegos”, argumenta José María Arrojo. ¿Por qué? Pues porque las modificaciones representan “una liberalización salvaje” que “puede poner en riesgo la seguridad de las instalaciones y por ende a los consumidores y usuarios gallegos”.

Unión Profesional de Galicia denuncia la supresión del Anexo I de la Ley de Seguridad Industrial de Galicia, que data de 2004, y donde se establece la obligatoriedad de “establecimientos e instalaciones industriales sometidos a comunicación”. Esta eliminación supone, según los colegios profesionales de Galicia, que “de facto cualquiera, sin necesidad de comunicación y por tanto sin más requisitos y sin conocer quien se hace responsable, pueda encargarse de un proyecto o instalación”.

Si la ley sale adelante tal y como está redactada, no hará falta cumplir ningún trámite ni compromiso para poner en marcha “instalaciones eléctricas de baja o alta tensión; de gas; de aparatos elevadores; de aparatos a presión; instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria; instalaciones de almacenamiento de productos derivados del petróleo y cualquier otra instalación no relacionada anteriormente y que no esté sometida a autorización administrativa”, recuerdan los colegios profesionales.

Unión Profesional de Galicia solicitó una entrevista con el Conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, para hacerle ver la necesidad de que la nueva ley sirva para velar por la seguridad de los gallegos y, al mismo tiempo, aporte garantías a la hora de poner en marcha nuevas instalaciones y proyectos industriales.